Veracruz, segundo lugar en violencia política por razón de género, según el OPLE

El estado de Veracruz se encuentra en el segundo lugar nacional en cuanto al número de personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, con un total de 47 registros, según lo señalado por la consejera electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Maty Lezama Martínez. Este dato, que coloca a Veracruz en una posición preocupante, revela una realidad compleja sobre la violencia política en razón de género en el estado.

Un panorama alarmante en la violencia política

En entrevista, Lezama Martínez explicó que la violencia política en razón de género es un fenómeno que sigue creciendo, y aunque Veracruz ocupa el segundo lugar en este registro, el primer lugar lo tiene Oaxaca, con 139 registros, y Tabasco se ubica en tercer lugar con 37. Esta situación plantea dos escenarios posibles: por un lado, podría estar incrementando la violencia política en razón de género, pero por otro, también podría reflejar un aumento en la cultura de denuncia de las víctimas.

La consejera destacó que los municipios son los ámbitos donde más se están denunciando estos casos. Esto, señaló, subraya la necesidad de continuar trabajando en la sensibilización sobre qué constituye la violencia política en razón de género y la importancia de conocer los mecanismos de denuncia en caso de ser víctimas de este tipo de violencia.

La situación a nivel nacional

A nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género ha acumulado un total de 464 registros. De estas personas, 417 las sancionaron mediante diversas medidas cautelares impuestas por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que incluyen la publicación de nombres de los agresores en plataformas públicas, así como la realización de denuncias públicas.

Sin embargo, Lezama Martínez destacó que, aunque se han logrado avances, aún persisten vacíos en el sistema. A pesar de estar inscrito en el padrón, el generador de violencia no enfrenta consecuencias legales directas. Es decir, esta inscripción no afecta sus derechos políticos-electorales, lo que cuestiona la eficacia de las sanciones y pone en evidencia la necesidad de repensar el impacto real de estas medidas.

Un problema persistente en los Ayuntamientos

La consejera electoral apuntó que la violencia política en razón de género es un problema particularmente frecuente entre los miembros de los Ayuntamientos. Estos casos reflejan una cultura política donde las agresiones son, en muchos casos, toleradas o no suficientemente sancionadas.

Lezama Martínez también hizo énfasis en que la violencia política en razón de género no es un fenómeno exclusivo de hombres hacia mujeres. En algunos casos, las mujeres también agreden a hombres, aunque, según la consejera, estos incidentes son menos frecuentes. A pesar de ello, subrayó que es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre estos temas para erradicar conductas discriminatorias, incluso aquellas que son consideradas como “bromas” o comentarios que perpetúan estereotipos de género.

La importancia de la conciencia y la educación

La consejera hizo un llamado a la concientización sobre la violencia política en razón de género, remarcando que muchas veces las personas no son conscientes de las agresiones debido a que ven como “normales” ciertas actitudes o comentarios hirientes, a menudo alimentados por una cultura de tolerancia hacia el machismo. La clave, destacó, está en informarse y educarse sobre los derechos de las personas y las repercusiones de estas conductas.

Finalmente, Lezama Martínez compartió que los cinco estados con el mayor número de personas inscritas en el Registro Nacional de Violencia Política en Razón de Género son: Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, los cuales suman 283 de los 464 registros a nivel nacional. Este dato pone de manifiesto la magnitud de este problema en varias regiones del país y la necesidad urgente de implementar políticas públicas más efectivas para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género.