Despenalización del aborto en Veracruz: Avances y desafíos en la atención a víctimas de violencia sexual

La despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Veracruz, alcanzada en 2021, ha sido un suceso importante en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este avance, impulsado por la presión del movimiento feminista y organizaciones como Equifonía A.C., ha permitido que las mujeres veracruzanas tengan mayor autonomía sobre sus cuerpos y acceso a servicios de salud seguros. Sin embargo, a pesar de este progreso, persisten importantes desafíos, particularmente en la atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que enfrentan embarazos no deseados.

Retos en la implementación de la despenalización del aborto

Según Adriana Fuentes Manzo, coordinadora general de Equifonía A.C., aunque la reforma al Código Penal fue un paso fundamental, su implementación sigue siendo insuficiente. La organización destaca que uno de los principales obstáculos es la falta de coordinación entre los servicios de salud y las autoridades judiciales. A pesar de que la ley garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para las víctimas de violencia sexual, muchas veces las instituciones de salud no notifican a las autoridades correspondientes cuando atienden embarazos de menores, lo que impide que se inicie una investigación adecuada.

Entre 2021 y 2023, se registraron 2,051 embarazos en niñas menores de 15 años en Veracruz, una cifra alarmante que refleja la magnitud de la violencia sexual infantil en la entidad. No obstante, muchas de estas menores no se reconocen a sí mismas como víctimas de un delito, lo que complica el acceso a la justicia y a la interrupción del embarazo.

Coordinación deficiente y recursos limitados

La falta de recursos en las procuradurías y fiscalías locales, así como la insuficiente formación del personal de salud, sigue siendo un obstáculo crucial. Las niñas y adolescentes, en muchos casos, desconocen a dónde acudir, qué servicios están disponibles y cómo acceder a ellos. Esta falta de información y orientación retrasa el proceso y vulnera los derechos de las menores. Según datos de la Secretaría de Salud de Veracruz, entre 2018 y 2024, se realizaron 1,241 interrupciones legales del embarazo por libre elección (ILE) y 162 interrupciones por violación (IVE). Sin embargo, la cifra de interrupciones ha aumentado en los últimos años, lo que refleja la creciente demanda de estos servicios.

Veracruz se encuentra en el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, y los municipios más afectados incluyen Veracruz Puerto, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Acayucan y Xalapa. La falta de preparación en los centros hospitalarios para atender estos casos de embarazo infantil, que son producto de violencia sexual, agrava aún más la situación.

Desafíos para la nueva administración estatal

Con la llegada de la primera mujer gobernadora en Veracruz, Rocío Nahle García, la nueva administración estatal se enfrenta a retos significativos, pero también tiene la oportunidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Para las integrantes de Equifonía A.C., es crucial priorizar la protección de los derechos de las niñas y garantizar que reciban la atención adecuada.

Es necesario seguir implementando la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que tiene como objetivos reducir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil. La aplicación de esta estrategia será clave para abordar los desafíos persistentes en la atención a las víctimas de violencia sexual. Además, la nueva administración debe seguir fortaleciendo las campañas informativas para garantizar que las niñas y adolescentes conozcan sus derechos y los servicios disponibles.

El papel de la sociedad civil y la colaboración interinstitucional

Equifonía A.C. ha jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en Veracruz, no solo en la lucha por la despenalización del aborto, sino también en la capacitación del personal de justicia y salud, y en el acompañamiento a las víctimas. La organización también ha lanzado campañas de recaudación de fondos para continuar su trabajo y apoyar a las víctimas de violencia.

Es esencial que el gobierno estatal establezca un diálogo cercano con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con las víctimas para mejorar la respuesta institucional y garantizar que las niñas y adolescentes reciban una atención integral y adecuada. La colaboración interinstitucional entre los sectores de salud, justicia y protección infantil es clave para asegurar que las leyes se implementen de manera efectiva y que las víctimas de violencia sexual puedan ejercer plenamente sus derechos.